El beneficio alcanza también a otras diez personas implicadas en la causa por «La Razón de Vivir». Los imputados están acusados por supuesta explotación laboral y reducción a la servidumbre.
La Justicia de Quilmes ordenó ayer la excarcelación del conductor Marcelo «Teto» Medina y de otros diez detenidos acusados por supuesta explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica «La Razón de Vivir».
De esta forma, Medina quedará libre, pero seguirá imputado en la causa y no podrá acercarse ni a las víctimas y ni a las sedes de «La Razón de Vivir» en los partidos bonaerenses de Berazategui y Florencio Varela, y de la provincia de Córdoba «bajo apercibimiento de que se le revoque la excarcelación en caso de incumplimiento», dispuso el juez Adrián Villagra.
Según la resolución, la excarcelación rige con «obligación especial para Rubén Ernesto Durán, Rosana Elizabeth Gómez, Marcelo José Medina, Tatiana Lorena Lanza, Martín Ezequiel Arias, Alfredo Martín Córdoba, Fabiana Edith Canal, Valeria Fernanda Miceli, Damián Alberto Fernández Cáceres, Federico Risso Patrón y Sonia Elizabeth Córdoba, quienes deberán presentarse el primer día hábil de cada mes a las 10» en la sede del juzgado de Florencio Varela.
El juez negó la excarcelación del director de «La Razón de Vivir», Néstor Zelaya, acusado de ser jefe de la organización.
En tanto, el juez negó la excarcelación del director de «La Razón de Vivir», Néstor Zelaya, acusado de ser jefe de la organización, quien la semana pasada se había negado a declarar.
También rechazó la libertad de Eduardo Humberto Zelaya, quien ocupaba el rol de director de la denominada «Quinta 1»; Mariano Jorge Luis Torchia, director de la «Quinta 2», y Jorge Alberto Basílico, director de la «Quinta 3».
Cabe recordar que el conductor televisivo había sido detenido junto a otras 16 personas el 22 de septiembre en una serie de allanamientos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Medina fue acusado de ser la cara visible de la organización «La Razón de Vivir» para reclutar personas con charlas motivacionales en redes sociales y en varios puntos del país, que luego eran reducidos a la servidumbre en condiciones infrahumanas.
Al respecto, la defensa del mediático explicó que su defendido «cobraba diez mil pesos por charla, que se los transferían a su CBU», y que hacía lo mismo en otras quince fundaciones que trabajan con personas con problemas de adicciones.