El proyecto excluye a la inflación como método de ajuste y establece que la fórmula se determine por la evolución de los salarios y de la recaudación impositiva. Regiría a partir de marzo próximo.
El Gobierno de la nación impulsa una nueva propuesta de movilidad previsional, la cual prevé un ajuste semestral que se determinará a través de una fórmula proporcional conformada por la evolución de los salarios y la recaudación impositiva. La misma regiría a partir de marzo del año próximo.
Se trata de una norma similar a la Ley N° 26.417, derogada en 2017 por el ex presidente Mauricio Macri, la cual fue reemplazada por la Ley 27.426, que se basaba en la evolución de la inflación, y por la cual el haber mínimo de los jubilados cayó un 19,5% en términos reales en dos años.
Desde el Palacio de Hacienda explicaron que se trata de «una fórmula que incorpora a los salarios, implica que el ingreso de los pasivos acompañe al de los activos. La posición de la mayor parte de los especialistas es que la evolución de los salarios debe ser parte de la fórmula de movilidad».
Asimismo, se indica que la inclusión de la recaudación impositiva en la fórmula «permite compartir el crecimiento y, al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal».
Según Hacienda, el nuevo esquema «permitirá reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos tributarios».
Además, se contempla la incorporación de una cláusula de «legislación constante», que establece que los cambios en la política tributaria o en las condiciones de acceso a los beneficios no tendrán efecto en la movilidad.
En cuanto a los indicadores vinculados con la evolución salarial, se considera «adecuado» adoptar la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), un índice de lo percibido por los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses.
«La fórmula de movilidad debe contribuir a la estabilidad macroeconómica, en términos de la recuperación real y en su efecto positivo sobre la demanda, sin convertirse en un elemento desestabilizante», señalaron desde el Gobierno.
Por su parte, la Anses destacó que «con la suspendida Ley 27.426 aplicada en la última administración, los jubilados perdieron casi un 20 por ciento de capacidad de compra con respecto a la inflación».
«La nueva fórmula de movilidad enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo busca recuperar la misma evolución de los haberes que alcanzaron los jubilados entre 2009 y 2017, cuando aumentaron el poder de compra un 26 por ciento», concluye el comunicado de la Anses.