También fueron beneficiados con la medida Garavano y Rodríguez Simón. La jueza Capuchetti argumentó que ninguna de las presuntas víctimas denunció los hechos cuando supuestamente ocurrieron.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó por inexistencia de delito a todos los imputados de la causa en la que se investigan supuestas presiones de exfuncionarios y allegados al Gobierno de Mauricio Macri a jueces y fiscales, conocida como “Mesa Judicial”.

La decisión de la magistrada benefició a Macri; a su asesor Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón; al exministro de Justicia Germán Garavano; al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas; al exministro de Trabajo Jorge Triaca; a la legisladora porteña Graciela Ocaña y al jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

En su fallo, la magistrada destacó que ninguna de las presuntas víctimas, todos magistrados, denunció los hechos cuando supuestamente ocurrieron. «La totalidad de los magistrados prestó su testimonio al ser formalmente convocados, en todas las ocasiones mucho después de haber culminado las supuestas presiones, o de haber intervenido en los expedientes que motivaron las alegadas injerencias indebidas, o incluso de haber cesado la administración que habría planificado dichas interferencias», sostuvo.

«Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la Justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no sólo se presume conocen el derecho y por lo tanto pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquél que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal», continuó Capuchetti.

Y agregó: «Es más: tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad».

«Los magistrados supuestamente damnificados han prestado declaración testimonial y sus testimonios fueron coherentes y consistentes entre sí, y con respecto a lo resuelto en cada una de las causas traídas a su conocimiento, lo que evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones», aseguró la jueza.

Por su parte, el fiscal Franco Picardi apeló la decisión y pidió que se investigue una supuesta maniobra sistemática para ejercer indebida presión sobre cualquier magistrado que tomara una decisión contraria a los intereses del entonces Gobierno de Macri.

En la causa se investiga un conjunto de maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, protagonizados por los miembros de la denominada ‘mesa judicial’.

Dichas maniobras habrían apuntadas a interferir en la actuación funcional de ciertos magistrados para lograr fallos o decisiones en los que el Gobierno de Macri se vería beneficiado. Esa presión se habría llevado a cabo con la sistematización de denuncias contra magistrados, visitas personales y comunicaciones telefónicas y las acusaciones a través de medios y redes sociales.