Lo dispuso el juez Augé, quien además les trabó embargos sobres sus bienes por $2 millones a cada uno y les prohibió la salida del país. Los exjefes de la AFI están acusados por actividades de vigilancia ilegales sobre la vicepresidenta y el Instituto Patria, en 2018.
El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé procesó ayer a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por presunto espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos en el marco de la causa en la que se investiga el espionaje ilegal a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria, en 2018.
Además, el magistrado les trabó embargos sobres sus bienes por 2 millones de pesos a cada uno de los acusados y les prohibió la salida del país.
La medida alcanza también al exjefe de contrainteligencia del organismo, Martín Coste, a quien también le prohibió la salida del país y le fijó un embargo sobre sus bienes de 700 mil pesos.
En su resolución, Augé consideró que quedó demostrado que «al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018» Arribas y Majdalani «impartieron órdenes» al procesado exjefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz, para que coordine «un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal».
Dichas maniobras habrían consistido «en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural».
Respecto a Coste, el juez afirmó que, «conociendo que se llevaban a cabo dichas prácticas de inteligencia ilegal por parte de personal que se encontraba funcionalmente bajo su mando, es decir, dentro de la esfera de su competencia, no actuó conforme a sus deberes, que le imponían hacer cesar dichas actividades ilícitas».
Según la investigación de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, el espionaje ilegal tenía por objetivo “detectar el traslado de bolsos, dinero, cosas, y fotografiar a quiénes ingresaban y salían” del domicilio de Cristina o al Instituto Patria, utilizando como excusa supuestas amenazas de atentado en el marco de las cumbres internacionales que se llevaron a cabo en Buenos Aires en 2018.
En este sentido, el magistrado acusó que, después de llevar a cabo las maniobras de espionaje ilegal y tras ser descubiertos, Ruiz, Coste, Majdalani y Arribas, «entre otros funcionarios, intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales».
En su fallo, Augé afirmó que «la tarea encomendada tenía por objetivo obtener información, mediante la producción de inteligencia, como así también la de almacenar datos sobre la nombrada Cristina Fernández, por el solo hecho de su opinión política, o su adhesión y pertenencia a organizaciones partidarias contrarias al gobierno de turno».
Y agregó que para realizar el espionaje «se instaló personal de la AFI dentro de vehículos automotores, con la finalidad de observar los domicilios indicados a fin de detectar y registrar los movimientos que se realizaban en ellos», mientras que, «por las noches, se colocaron lo que en la jerga se denomina ´autos de técnica´, que consiste en estacionar un vehículo en cercanías de los domicilios con una cámara en su interior para filmarlos y registrar lo que sucedía».
Finalmente, el juez consideró que hay suficientes elementos que prueban «el vínculo directo y existente entre Alan Ruiz y Silvia Majdalani, y una dinámica de trabajo que escapaba al funcionamiento y el esquema administrativo y jerárquico regular de la AFI».