“Mientras en el Ministerio siguen resolviendo sus diferencias internas, la agenda educativa demanda acciones urgentes”, dijo la diputada radical.
La diputada nacional por Córdoba Brenda Austin (UCR), autora del proyecto de ley de emergencia educativa, afirmó ayer que la renuncia de la viceministra Adriana Puiggrós es una confirmación de la profunda crisis educativa que atraviesa el país y señaló que la situación “demanda acciones urgentes” de parte del Congreso Nacional.
“Mientras en el Ministerio siguen resolviendo sus diferencias internas, la agenda educativa demanda acciones urgentes. No nos podemos quedar cruzados de brazos y dejar que tantos niños y jóvenes sigan privados de su derecho a la educación”, señaló Austin a través de un comunicado de prensa.
Y agregó: “La renuncia es parte de una crisis que venimos advirtiendo. Necesitamos redirigir recursos y acciones para evitar una catástrofe generacional y sostener la continuidad pedagógica. Resulta urgente poner en la agenda la situación crítica de la educación en el país y la desigualdad educativa creciente, acelerada por la brecha digital y el deterioro socioeconómico”.
En este sentido, la parlamentaria remarcó que “la educación argentina se caracteriza por su desigualdad e inequidad. Y la pandemia no ha hecho más que agravarlas. No poner en el centro de la escena lo que está pasando con la educación muestra a las claras nuestra incapacidad de pensar en el futuro inmediato. Declarar la emergencia educativa es un imperativo ético”, manifestó.
El proyecto de ley presentado por Austin, que fue acompañado con la firma de 21 legisladores, busca que se declare la “Emergencia del Sistema Educativo Nacional” en todos los niveles y modalidades para el ciclo lectivo 2020 y 2021, y considerar a la educación como “actividad esencial”.
El texto propone crear conjunto de dispositivos de urgencia a través de programas de acompañamiento y asistencia escolar, becas de conectividad, como así también garantizar la accesibilidad digital tanto a estudiantes en riesgo de abandono, como a docentes, a través de instituciones, las escuelas y las Universidades Nacionales. También establece un marco protectorio para llevar alivio a la difícil situación por la que atraviesan los jardines maternales y los transportistas escolares.