Se trata de los exministros de Salud y de Desarrollo Social durante el gobierno de Macri, quienes fueron acusados por «abuso de autoridad y violación de deberes» en el desempeño de sus cargos.
La Oficina Anticorrupción (OA) denunció a los ex ministros de Salud Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, y a la exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, por los delitos de «abuso de autoridad y violación de deberes» en el desempeño de sus cargos, por el hallazgo 600 mil dosis vencidas de la vacuna «triple» bacteriana en la Aduana Nacional.
La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, y alcanza además a otros diez exfuncionarios que se desempeñaban en las áreas responsables del manejo del plan de vacunación durante el gobierno de Mauricio Macri.
«Desde el dictado de la resolución por la cual se ordenó la adquisición de las vacunas hasta su despacho a plaza transcurrió casi un año, período de inactividad que resultó fatal ya que durante su transcurso expiraron los sensores de temperatura incorporados por el laboratorio productor y que resultan de extrema importancia para efectuar la correspondiente trazabilidad de las condiciones de alojamiento», concluyó la denuncia.
Asimismo, la AO consideró que «la caída de la tasa de distribución de la vacuna triple bacteriana acelular verificada en el año 2018 implicó una menor tasa de vacunación contra la coqueluche, la difteria y el tétanos, circunstancia que guardaría estrecha relación con el aumento de casos de dichas patologías durante el año siguiente».
En su presentación, el organismo consideró probado que la anterior gestión omitió la distribución y aplicación en todo el territorio nacional de 600 mil dosis de la vacuna «dTap» y que, por lo tanto, es responsable de «no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere», delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal.
Asimismo, remarca que la adquisición del medicamento implicó para el Estado una erogación de más de 6.5 millones de dólares y por este motivo la denuncia la inició la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud.
Cabe recordar que el hallazgo que produjo cuando el frigorífico Oneto facturó al Estado sus servicios en concepto de «operador logístico» de los medicamentos comprados en 2015 y 2016.