El fiscal Di Lello pidió que se investigue al ex presidente, al ex titular de la AFI, y a otros cuatro funcionarios del organismos por hechos sucedidos durante el gobierno de Cambiemos.
El fiscal federal Jorge Di Lello imputó ayer al ex presidente Mauricio Macri y al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su gobierno, Gustavo Arribas, junto a otros cuatro ex funcionarios, por supuesto espionaje ilegal en el marco de la denuncia presentada por la actual interventora de dicho organismo, Cristina Caamaño.
La medida alcanza también a la AFI, Silvia Majdalani, al ex jefe de Gabinete de ese organismo, Darío Biorci, y a dos agentes, cuya identidad se mantiene bajo reserva.
En el dictamen entregado al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, fiscal solicitó que se elabore una serie de medidas de prueba antes de disponer la citación a declaración indagatoria de los imputados a fin de poder expedirse «sobre el mérito de las conductas denunciadas».
Entre las medidas, figura un pedido a la AFI para que remita a tribunales los legajos completos de los agentes identificados como «A» y «B» y «una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019».
Además, requirió un «diagrama completo de la estructura de la secretaria desde el año 2015 al año 2019» y «todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia».
El fiscal también solicitó que se cite en calidad de testigos al personal contratado «para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados, por parte de los ex funcionarios Arribas y Majdalani» y a los actuales «funcionarios y empleados de la AFI que participaran en el protocolo de recolección de datos» hecho sobre el disco rígido Western Digital «a fin de determinar con exactitud cuál fue el procedimiento de recuperación de datos del mismo».
Finalmente, el fiscal pidió al juez que ordene una «pericia oficial con personal especializado en el tema digital» sobre el disco rígido para -entre otros puntos- individualizar los «correos electrónicos que surgen», y, «si es posible, determinar su titularidad» y su «asunto», archivos adjuntos y contenido de los mails.
Según la denuncia, Macri fue «el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional».
En su presentación, Caamaño reveló que durante las tareas de relevamiento de la agencia de inteligencia se había encontrado un disco rígido marca Western Digital, en el que se hallaron rastros digitales que daban cuenta de la conexión de dispositivos externos en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales entre otros.
Al analizar el dispositivo surgió que estaba borrada la información pero no de manera segura, por lo que se logró recuperar datos que permitieron detectar el registro de conexión de dispositivos extraíbles «pen drives», en los cuales se había realizado un proceso sistémico de colección de información ilegal sobre distintas personas.
De esta forma, se hallaron evidencias de espionaje ilegal sobre cuentas de correos electrónicos privados de 85 personas entre las que se encontraban dirigentes de la entonces oposición, como la actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, y los políticos Rodolfo Tailhade, Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti entre otros; los periodistas Luis Majul y Gerardo Arangure; dirigentes gremiales como Héctor Daer y varios políticos oficialistas, como el diputado Nicolas Massot, el radical Ernesto Sanz y quien encabezaba la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.