Tras reunirse con los gobernadores, el presidente anunció que presentará un pedido de revocatoria “in extremis” contra la cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a CABA.
El presidente Alberto Fernández recusará a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentará un pedido de revocatoria «in extremis» contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.
A través de un comunicado de prensa, el Ejecutivo recordó que “en la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016”.
En este sentido, agrega que «en un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe».
“Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”, continua el parte.
“En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, añade el texto.
En este contexto, el Gobierno anunció que “el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada”.
Asimismo, precisa que “, por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma”.
El texto lleva la firma del presidente y de los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raul Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; San Juan, Sergio Uñac; San Luis, Alberto Rodríguez Saá; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
El miércoles pasado, los cuatro miembros de la Corte -Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz- resolvieron ordenar al Gobierno que pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables.
El conflicto se inició en 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a CABA por la coparticipación federal, y luego lo fijó en 3,5%.
La medida respondía al «Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas» en la ciudad.
De esta forma, mientras Horacio Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, la Policía Federal recibía 70 mil millones de pesos para sus 32 mil efectivos.
En 2020, Alberto Fernández redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad.
Ahora, el máximo tribunal avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% deban ser realizados «en forma diaria y automática» por el Banco de la Nación Argentina y quede suspendida la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.