Según el relevamiento del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, en 20 de esos casos la interrupción del embarazo se produjo sin el consentimiento de la mujer gestante.

Entre enero de 2010 y diciembre de 2019, se sustanciaron 53 causas en las cuales se investigan y juzgan supuestos hechos de aborto, según la investigación del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

De acuerdo al informe, en de las 24 causas se presume la existencia de consentimiento, mientras que en 20 procesos no habría existido anuencia de la mujer gestante y en los nueve restantes no hay datos al respecto.

Respecto a las personas imputadas en estos hechos, son mayoritariamente de sexo femenino y abarca además de las personas embarazas, a los familiares o terceros que ayudaron a la concreción del fin buscado.

En cambio, los abortos ejercidos atentando contra la voluntad de la mujer fueron principalmente ejecutados en su propia vivienda (70%), mediante empleo de la fuerza física (75%), por su pareja o ex-pareja. “En este sentido, puede entenderse como una representación más de la violencia física por cuestiones de género, que, en este caso particular, se dirige hacia el feto que la víctima está gestando. La correlación con las condiciones contextuales que rodean los casos de femicidio abona también esta hipótesis”, expresa el informe.

Como elemento en común entre ambos escenarios, se advierten semejanzas en la distribución etaria de los imputados: tanto las mujeres embarazadas que deciden consentir la práctica abortiva, como las parejas o ex-parejas que fuerzan el aborto, tienden a ubicarse por debajo de los 29 años.

Finalmente, el estudio revela que los abortos con consentimiento de la mujer gestante fueron mayoritariamente (70% de los casos) realizados por medio de medicamentos con efectos abortivos o a través de intervenciones quirúrgicas en la que participaron sujetos con formación en el campo de la medicina.