La iniciativa del Ejecutivo se impuso por 40 votos a favor contra 26. Se eliminó la alusión a los medios de comunicación del artículo en el que se obliga a los jueces a denunciar presiones.
El oficialismo en el Senado aprobó ayer el proyecto de reforma judicial, el cual reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias, y decidió eliminar la alusión a los medios de comunicación del artículo en el que se obliga a los jueces a denunciar presiones.
La iniciativa del Ejecutivo fue aprobada por 40 votos a favor del oficialismo y sus aliados y 26 en contra de Juntos por el Cambio, bloque que alegó que la reforma «no era prioritaria» en medio de la pandemia de coronavirus.
Tras más de diez horas de debate, el Frente de Todos aceptó una modificación propuesta por el senador Oscar Parrilli para excluir la palabra mediáticos del artículo que obliga a los jueces a denunciar presiones de grupos de poder, tras las críticas recibidas desde la oposición y desde algunos medios de prensa que opinaron que se trataba de un intento de cercenar la libertad de prensa.
No obstante, Parrilli afirmó que «las presiones mediáticas para incidir en la voluntad de los jueces» existen y manifestó que su inclusión funcionó como «un anzuelo» para descubrir a los dirigentes de la oposición que son «voceros» de algunos medios de comunicación.
Además, entre otras de las modificaciones incorporadas por el Senado se encuentran: Mantener el examen escrito en los concursos de selección, además de las audiencias públicas; los sorteos de causas deben ser grabados bajo apercibimiento de nulidad; no unificar el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; crear un tribunal de resolución de los conflictos de competencia de los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo Federal; y mantener la exclusividad de las secretarías con competencia en derechos humanos así como a su personal para garantizar «Memoria, Verdad y Justicia».
La senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FdT), informó sobre el proyecto y destacó que «ninguna causa será sacada de sus jueces naturales».
Sostuvo que a partir del debate, también «se agregó transparencia a los sorteos» y «garantía a los concursos» de candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial. Resaltó que se incorporó a la iniciativa que «parte de los concursos serán por escrito» y que «el proyecto incorpora la mirada de género». Reivindicó que «desde el Senado de la Nación se incorporó la mirada federal» y afirmó que «el fortalecimiento del Poder Judicial en la provincia de Santa Fe es histórico».
Poe su parte, la senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado (JxC) calificó a la iniciativa como «un festival de cargos» y como parte de una medida «para manejar la justicia» y destacó que se encontraba en debate un proyecto que trata de modificar «solamente la justicia penal federal, que atiende a los poderosos, a los acusados de corrupción».
El cierre de la sesión estuvo a cargo de los titulares de las dos bancadas mayoritarias, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, los senadores por Formosa, Luis Naidenoff (JxC) y José Mayans (FdT).
Naidenoff coincidió en que «es cierto que este proyecto no es una reforma judicial. Será un punto de partida», se preguntó para luego responderse que la iniciativa es una modificación del fuero procesal penal. Interrogó a los legisladores preguntando: «combatimos el narcotráfico; protegemos a la sociedad, lo dudo», dijo. Afirmó que la iniciativa «es un intento de colonizar la justicia, creando y repartiendo cargos, no en cualquier justicia sino que en la justicia federal». Sostuvo que los mejores jueces son «los que tienen apego a la ley, con valores democráticos, con respeto a la igualdad de género y no los denominados influenciables».
Por su parte, Mayans afirmó que «hubo una estrategia del gobierno anterior para perseguir a la oposición y que para ello se utilizó al Poder Judicial». Denunció el intento de manipulación del gobierno anterior a la Corte Suprema, «pretendiendo nombrar dos miembros por decreto de necesidad y urgencia» y al «Consejo de la Magistratura en el que se tomaron decisiones sin tomarle juramento al entonces miembro de la oposición, el senador por Chubut, Juan Mario País». Concluyó que «la credibilidad del Poder Judicial está seriamente cuestionada». Destacó que el desafío del momento es «tener una justicia transparente, independiente, que llegue en término y que no esté sometida a ningún poder; ni político, ni económico, ni de ningún tipo».