Guzmán afirmó que «vemos una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta Argentina» aunque confió en que la mayoría de los acreedores aceptará la oferta oficial. Alberto reiteró que «es imposible que nos podamos mover del último esfuerzo que hicimos».
El ministro de Economía, Martín Guzmán, rechazó ayer la contrapropuesta que realizaron el Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio y confió en que “la mayoría» de los bonistas «va a aceptar la oferta» presentada por el Gobierno hace dos semanas.
A través de un comunicado de prensa, el funcionario manifestó: «Vemos en ese grupo de acreedores una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta Argentina».
En este sentido, Guzmán remarcó que “no vamos a confrontar con nuestros acreedores. No vinimos a pelearnos con nadie sino a resolver un problema enorme en el que se dejó a Argentina. Queremos resolver el problema. Fue con esa vocación que hicimos una oferta definitiva que incluyó nuestro máximo esfuerzo».
«Acá hay un país. Acá hay familias. Hay personas. Aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia, implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones, y no lo vamos a hacer. Seguimos esperando que prime la buena fe por parte de los acreedores», afirmó el ministro.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández reiteró que «es imposible que nos podamos mover del último esfuerzo que hicimos, que fue muy grande».
En declaraciones a la Televisión Pública, el mandatario reconoció que “esperábamos esto» y explicó que «lo único que pasó es que se formalizó la posición de un grupo de bonistas» y que a partir de esto «vamos a seguir hablando y negociando sabiendo que Argentina ha hecho un enorme esfuerzo ya con la oferta que ha hecho, es muy difícil hacer una oferta mejor”.
La contrapropuesta contempla una tasa de interés promedio del 3,4%, pagos de amortización desde 2025 y un alivio de deuda cercano a los US$ 35.000 millones hasta 2028.
Según los acreedores, su oferta «proporcionará el alivio a corto plazo que Argentina necesita con urgencia, brindará una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del país y su acceso a los mercados internacionales de capital, y el marco legal necesario para alentar la inversión adicional necesaria para poner al país en el camino hacia una recuperación sostenida”.
Los bonistas advirtieron que «la oferta actual de Argentina no llega a una propuesta que pueda ser apoyada por los grupos acreedores” y afirmaron que “estamos seguros de que hay una resolución consensuada a la vista y de que dicho acuerdo proporcionará un camino hacia un futuro económico sostenible para el pueblo argentino”.