Según la organización MuMaLá-Mujeres, se trata de la cifra más baja en 5 años, lo cual respondería al “fuerte activismo feminista”.
La organización MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana informó ayer que, durante todo el 2021, se registraron 22 femicidios en el país, la menor cantidad en los últimos 5 años, lo cual respondería al “fuerte activismo feminista”, que contó con un “alto impacto en los medios de comunicación”.
Según la agrupación, en 2020 hubo 270 casos; en 2019, 287; en 2018, 260 y en 2017, 304 femicidios. De esta forma, el relevamiento contabilizó 1.343 femicidios en los últimos cinco años, de los cuales distinguió en 1162 femicidios directos, mientras que 152 fueron catalogados como femicidios vinculados y otros 29 al colectivo travesti-trans.
“Se registra un descenso en la cantidad y consecuente tasa de femicidios en los últimos años. Entendemos que este descenso se vincula al fuerte activismo feminista, con alto impacto en los medios de comunicación, que mantiene en la agenda pública la temática de la violencia de género logrando sensibilización social y desde allí, incidencia en el diseño de políticas públicas”, argumentó MuMaLá.
“Pese a los datos y a la demanda del creciente movimiento de mujeres y LGBTIQ+, los estados y los gobiernos siguen teniendo deudas pendientes con nuestras vidas”, opinó la vocera de MuMaLá, Victoria Aguirre, en un comunicado de prensa.
El informe precisa que el 67 por ciento de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas de la víctima, en tanto que el 27 por ciento eran familiares o conocidos.
En cuanto al lugar del hecho, el 64 por ciento de los hechos tuvieron lugar en la casa de la víctima, lo que “ratifica que, en nuestro país, los femicidios son centralmente domésticos y perpetrados por personas del círculo íntimo de las víctimas”.
Por otro lado, en el 30 por ciento de las oportunidades las víctimas fueron apuñaladas, mientras que el 27 por ciento de los femicidios fueron cometidos con un arma de fuego.
El informe también señala que el 10 por ciento de los asesinos contaba con antecedentes penales de violencia de género y que el 21 por ciento se suicidó tras cometer el hecho. “El alto índice de suicidios se debe a múltiples factores. Por un lado, está la pérdida del ‘objeto’ que se poseía y controlaba. También, el suicidio representa la posibilidad de evadir la responsabilidad penal e incluso evitar la sanción social”, señala la organización.
En ese sentido, 104 de los perpetradores -9% del total- pertenecían a una fuerza de seguridad, ya sea activos o retirados, donde 42 de ellos utilizaron su arma reglamentaria para cometer el asesinato.
“El hecho de que el agresor pertenezca a algún organismo del aparato represivo estatal también genera una situación de aumento de riesgo para las víctimas: cuentan con un arma de fuego y entrenamiento físico, tienen acceso diferencial a la información pudiendo obstaculizar los canales formales de acceso a las denuncias y a la justicia”, sostiene el informe.