Lo anunció la diputada Alejandra Vigo, quien remarcó que la situación que atraviesan las mujeres cotidianamente se ve «agravada por el aislamiento social que incrementó los casos de femicidio».
El bloque Córdoba Federal presentó ayer en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de Ley para declarar la emergencia pública en materia social y administrativa por violencia de género hasta el 31 de diciembre o hasta tanto se determine el cese de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
A través de su cuenta de Twitter, la diputada Alejandra Vigo anunció: “Junto a los diputados y diputadas del bloque Córdoba Federal presenté un proyecto de ley para declarar la emergencia de la violencia de género, agravada por el aislamiento social que incrementó los casos de femicidio y los riesgos de las mujeres de sufrir violencia”.
Y agregó: “Para enfrentar a la otra pandemia es necesaria una legislación de fondo que garantice una política pública integral, interseccional y multidimensional que cuente con recursos para abordarla en todo el territorio nacional”.
La iniciativa lleva también la firma de los diputados Leonardo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, y Claudia Márquez.
La norma apunta a «promover las políticas públicas destinadas a garantizar la prevención, asistencia y erradicación de las situaciones de violencia de género en todo el territorio nacional».
Asimismo, faculta al «Poder Ejecutivo nacional a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para afrontar la emergencia mencionada».
Dicho presupuesto deberá ser distribuido entre las áreas involucradas a nivel provincial y municipal, a la vez que deberá «garantizar en todo el país el abastecimiento de dispositivos de geolocalización relacionados con medidas judiciales en casos de violencia por razones de género»; «unificar y articular las líneas telefónicas de atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia por razones de género»; «extender a las mujeres víctimas de violencia de todo el territorio nacional una asignación mensual u otra equiparable a los alcances del Programa Potenciar Trabajo»; y «garantizar el suministro, calidad y cobertura de los métodos anticonceptivos».
Además, las partidas deberán utilizarse para «fortalecer las acciones de capacitación»; «agilizar el acceso efectivo al Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes»; y «celebrar convenios y coordinar acciones con los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley».
En su artículo sexto, el proyecto establece que «para el otorgamiento de los beneficios de libertad condicional, morigeración de pena, prisión domiciliarias y/o salidas transitorias de las personas condenadas por delitos enmarcados en causa de violencia de género, se deberá velar y garantizar que el condenado no cohabite ni realice ninguna actividad laboral, profesional, de estudio o social dentro de un radio de 45 km del domicilio actual de residencia de la víctima».