La Cámara Tercera del Crimen sentenció a 13 miembros de la banda que comercializaba estupefacientes en la zona de la ex villa La Marternidad en la Capital cordobesa.

Después de una compleja investigación llevada adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba (FPA), y el trabajo coordinado entre la Justicia Provincial y la Justicia Federal, la Cámara Tercera del Crimen condenó ayer a 13 miembros de la banda conocida como “los herederos del Tuerto Cacho”, que comercializaba estupefacientes en la zona de la ex villa La Marternidad en la Capital cordobesa.

Los acusados fueron condenados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por el concurso de dos o más personas.

De esta forma, Cristian Germán Zurita recibió una pena de nueve años y seis meses de prisión, y Cristian Orlando González y Diego Javier González (hermanos de Raúl Cuello alias el “Tuerto Cacho”), seis años y cinco años y ocho meses de prisión, respectivamente.

Además, recibieron penas a cinco años y cuatro meses de cárcel Justina del Valle Gutierrez, Natalia Jacquelin Pedraza y Gladys Noemí Loza; Gonzalo Sebastián Garrido y Martín Ezequiel Morán, cinco años y dos meses; Juan Antonio Aballay, cinco años y un mes; José Alejandro Jaime y Erica Sabrina Messina, cuatro años y ocho meses; Saira Guadalupe, Jaime Messina y Víctor Hugo Funes, cuatro años y seis meses.

La acusación estuvo a cargo del Fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo. El eje central de la misma daba cuenta que desde que está detenido el “Tuerto Cacho” (reconocido narcotraficante de Córdoba que durante muchos años desplegó su actividad ilícita en un sector de esta ciudad, con base en Cooperativa El Progreso), sus hermanos Cristian y Diego González quedaron a cargo “del negocio”. Luego de una muy extensa y compleja investigación desarrollada en los años 2017 y 2018 por el Fuero Antinarcotráfico de la provincia y la FPA, se logró conocer su estructura y funcionamiento.

Durante el proceso se logró determinar que se trató de un copamiento territorial para la venta de drogas en la zona de la ex Maternidad provincial. Como consecuencia de la misma su líder Raúl Cuello se encuentra privado de libertad desde 3 de octubre de 2018, imputado del delito de comercialización de estupefacientes agravada.

La denuncia fue formulada por una persona de identidad reservada, quien explicó que los hermanos González tenían numerosas cómplices que trabajan para ellos y que disponen de distintos lugares donde llevan a cabo la actividad ilícita. En algunos sitios guardan la droga “los guardaderos”, en otros la vendían. Todas las personas y lugares dependían de los González.

El denunciante también aportó nombres y domicilios de las personas encargadas de traer la droga a la Ciudad de Córdoba, así como también menciona los lugares de donde proviene (Salta y Bolivia). Explicó la modalidad delictiva utilizada por los condenados y la metodología que emplean para evitar ser descubiertos por el personal policial: comunicarse personalmente o solo por whatssap, cambio de las líneas telefónicas en forma permanente, hablar en palabras claves, contactos con personal policial, abogados que trabajan para la empresa delictiva, sicarios, armamento, etc.

En virtud de la complejidad de la referida denuncia y las diversas jurisdicciones que abarcaba su investigación, se resolvió requerir la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Dicho requerimiento fue aceptado por la PROCUNAR, organismo que luego de realizar un detallado análisis de los extremos de la denuncia, sostuvo “compartiendo el criterio expuesto por el Fiscal Marcelo Sicardi, y dada la misión propia de esta Procuraduría fijada en la Resolución PGN 208/13, a cuyos términos me remito, fórmese investigación preliminar en los términos del art. 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico Fiscal de la Nación (Ley 27.148) y de la Resolución PGN 121/06. Regístrese y comuníquese al Sr. Procurador General de la Nación Interino, mediante oficio de estilo”.

Es oportuno destacar que desde el inicio mismo de la investigación, existió un amplio canal de comunicación entre ambos y las dos fuerzas de seguridad intervinientes en la pesquisa –Gendarmería por la órbita Federal y Fuerza Policial Antinarcotráfico por la Provincia-. De tal manera, ambas causas fueron progresando en cuanto a la incorporación de evidencias hasta que se colectaron pruebas suficientes para solicitar allanamientos en cada línea de investigación, aclarando que en todo momento la información fue compartida y coordinada de manera conjunta. Fue así como con fecha 30 de octubre de 2019 se efectuaron múltiples allanamientos en forma simultánea en las dos causas, con resultados positivos, en cuanto se produjo el secuestro de estupefacientes y de otros objetos de interés probatorio para las pesquisas.