El fiscal Ramiro González amplió la imputación del ex presidente por supuestos delitos cometidos por la privatización a precio vil de dos centrales.

El fiscal Ramiro González amplió la imputación al ex presidente Mauricio Macri y exfuncionarios de su gobierno por la venta a precio vil de dos centrales termoeléctricas, “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”.

La fiscalía formuló el requerimiento para ampliar la investigación tras un planteo de la querellante la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) ante el presunto perjuicio patrimonial que habría sufrido como resultado de la venta de las centrales termoeléctricas, hechos que serían posteriores a la formulación de la denuncia original.

IEASA aportó información sobre una serie de modificaciones en los pliegos de las licitaciones para la venta de las centrales a “amigos” del macrismo, que fue receptada por el fiscal.

La denuncia original fue realizada a fines de 2018 por un grupo de diputados del Frente de Todos encabezados por Rodolfo Tailhade por la venta a ”precio vil”, inferior al de sus construcciones, de las centrales térmicas Brigadier López y Ensenada Barragán, en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, respectivamente, que «ocasionó una pérdida multimillonaria en dólares al Estado Nacional».

Las irregularidades fueron en la venta de centrales termoeléctricas de la empresa estatal al grupo conformado por YPF y Pampa Energía y a Central Puerto, del empresario Nicolás Caputo, compañero de la secundaria del ex presidente.

Además de Macri están denunciados el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, los ex secretarios de esa área Javier Iguacel y Gustavo Lopetegui, Alberto Raúl Brusco, ex Subsecretario de Infraestructura del Ministerio de Energía; Ángelo Calcaterra, quien actuó en el consorcio ISOLUX e IECSA; Hugo Balboa, ex Presidente de ENARSA; Mario Dell’Acqua, ex Presidente de IEASA; y los responsables de las firmas Pampa Cogeneración y Central Puerto, quienes fueron adjudicatarias de las licitaciones por las ventas de las centrales termoeléctricas.

Los denunciantes señalaron que las centrales habían sido tasadas en u$s 305.900.000 (Ensenada de Barragán) y u$s 217.000.000 (Brigadier López), pero se adjudicaron en u$s 229.529.500 la primera al grupo Pampa-YPF y en u$s 165.432.500 la segunda a Central Puerto. La pérdida para el Estado nacional fue u$s 118.054.000.

Se los acusaba de modificar los contratos de fideicomiso porque prohibían la privatización, eliminar la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación como valor piso de las ofertas a presentar y vender las centrales a un precio menor que el tasado por la Nación.

En la denuncia original se pidió investigar las presuntas irregularidades detectadas en:

  1. a) la rescisión de los contratos de obras públicas para la construcción de las centrales termoeléctricas “Brigadier López” y “Ensenada de Barragán” – detentado por el consorcio integrado por las empresas ISOLUX e IECSA, cuyo titular era Ángelo Calcaterra, primo del ex Presidente de la Nación, el Ingeniero Mauricio Macri –, efectuada por los directivos de ENARSA en el mes de diciembre de 2016.
  2. b) las tasaciones y el actual proceso de privatización de los activos correspondientes a tales centrales termoeléctricas.

Respecto a las irregularidades en los procedimientos de privatización, los denunciantes indicaron que “luego de producida la rescisión de los contratos se habría comenzado a tejer la maniobra de enajenar las centrales en cuestión con el propósito de favorecer a personas del entorno del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en perjuicio del Estado”.

El fiscal pidió que “se arbitren los medios necesarios a los fines de recabar las resoluciones, circulares y demás documentación que dé cuenta de la modificación de los pliegos licitatorios que nos ocupan, y que ocasionaron el perjuicio patrimonial denunciado”.

También que “se realice un estudio de impacto económico respecto al resultado esperado por: a) el pliego original, b) su modificación y c) el posterior contrato con la modificación introducida por la Resolución nro. 292/2019 de la Secretaría de Gobierno de Energía, en ambos procesos licitatorios (venta de las centrales termoeléctricas “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”).

El objeto de estudio deberá ser “que resultado económico se proyectaba con relación al patrimonio de IEASA en los distintos escenarios planteados a) el pliego original, b) su modificación y c) el posterior contrato con la adenda de la resolución 292/19”, solicitó el fiscal.

(Fuente: Ámbito)